La violencia en Sinaloa ha cobrado la vida de al menos 50 menores de edad, afectando tanto a quienes quedaron atrapados en enfrentamientos entre grupos criminales como a víctimas de violencia intrafamiliar. Este fenómeno refleja el grave impacto que la inseguridad tiene sobre los sectores más vulnerables de la población.
Estos hechos han ocurrido en un periodo que abarca desde septiembre de 2024 hasta principios de julio de 2025, según datos de la Fiscalía General del Estado, mostrando una alarmante frecuencia y gravedad en los crímenes que involucran a niños y adolescentes.
Entre los casos recientes destacan dos jóvenes de 17 años que perdieron la vida en ataques distintos en Culiacán. Carlos Efraín fue asesinado a balazos mientras se encontraba en la vía pública en la colonia Plutarco Elías Calles. Pocos días después, César murió tras la irrupción de un comando armado en su domicilio en el sector Barrancos; en este hecho, tres personas más fueron privadas de la libertad y una logró escapar.
La violencia también ha alcanzado a familias enteras. En enero, Gael y Alexander, de 12 y 9 años, junto con su padre Antonio, fueron atacados mientras circulaban en su vehículo en el fraccionamiento Los Ángeles. Este crimen llevó a la detención de presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con secuestro, tráfico de armas y homicidios, actualmente bajo investigación federal.
Otro caso que conmocionó a la región fue la muerte de Leidy y Alexa, niñas de 11 y 7 años, en la comunidad de La Cieneguilla, Badiraguato. Aunque inicialmente se reportó que murieron en un fuego cruzado, familiares denunciaron que se trató de una agresión directa por parte de elementos del Ejército Mexicano. Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además de los casos vinculados al crimen organizado, la violencia intrafamiliar ha cobrado vidas inocentes, como las de Astrid y su hijo Dante, presuntamente asesinados por un familiar cercano.
Estos trágicos sucesos evidencian la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de protección y prevención para menores, y de brindar apoyo integral a las comunidades afectadas por la violencia en Sinaloa.
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