En Sinaloa han asesinado a 28 policías en lo que va del año, una cifra que evidencia el riesgo creciente para los cuerpos de seguridad en la entidad. Aunque la Secretaría de Marina y otras fuerzas federales han intensificado su presencia en áreas con alta incidencia delictiva, la seguridad de los agentes fuera de su jornada laboral continúa siendo una preocupación persistente.
El más reciente caso ocurrió en la comunidad de El Diez, al sur de Culiacán, donde Jorge Ernesto “N”, agente de la Policía Estatal Preventiva de apenas 24 años, fue acribillado mientras descendía de su vehículo en su día libre. Pese a que elementos navales acudieron rápidamente al lugar tras los reportes de disparos, los agresores escaparon sin ser identificados.
Días antes, en Mazatlán, el policía municipal Ramón Humberto “N” perdió la vida tras permanecer hospitalizado por más de una semana, luego de haber sido atacado junto a un acompañante en la plazuela de los Leones. Su fallecimiento, el pasado 30 de junio, se sumó a la creciente lista de víctimas dentro de las corporaciones policiacas.
Otro hecho que evidencia esta situación ocurrió el 28 de junio en Culiacán, cuando Jesús Alejandro “N”, agente adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos, fue interceptado y asesinado por un comando armado mientras conducía su auto particular en la colonia Los Ángeles. A pesar de portar su uniforme, ya había concluido su turno.
Los patrones de violencia registrados en estos casos muestran no solo una frecuencia alarmante, sino también una posible intención dirigida: atacar a los policías en momentos de vulnerabilidad. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado vínculos con el crimen organizado, pero la manera en que se ejecutan los atentados apunta a una posible coordinación criminal.
Las investigaciones siguen abiertas, aunque los avances se ven entorpecidos por la ausencia de testigos y la rapidez con la que los responsables logran escapar. Mientras tanto, familiares de los policías asesinados han comenzado a alzar la voz para exigir justicia, pero también una revisión urgente a los protocolos de protección para los elementos fuera de servicio.
Sinaloa atraviesa uno de los años más violentos para sus cuerpos policiales. La violencia contra agentes no solo deja vacíos en las instituciones, sino que además genera un clima de inseguridad entre quienes deben velar por el orden. Autoridades locales y federales se enfrentan al reto de responder con estrategias que no solo contengan el crimen, sino que protejan la vida de quienes portan el uniforme, dentro y fuera del deber.
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