Al menos 150 personas desplazadas por la violencia en la zona serrana al norte de Culiacán y municipios colindantes con Badiraguato fueron desalojadas de un predio ubicado en el sector Montesierra, al norte de la capital sinaloense, por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las familias, integradas por hombres, mujeres y menores de edad, habían llegado a este punto desde mediados de noviembre tras huir de comunidades como La Vainilla, Potrero de los Ibarra, Bagrecitos y otras pertenecientes a la sindicatura de Tepuche, así como de localidades como La Lapara y Santiago de los Caballeros, zonas donde se han registrado enfrentamientos armados y ataques con explosivos lanzados desde drones.
Los afectados relataron que los agentes de la FGE acudieron armados con fusiles de alto poder para ejecutar el desalojo, lo que representó el segundo desplazamiento forzado que sufren estas familias, todas víctimas de la violencia generada por grupos delictivos en la región serrana.
Violencia y explosivos en la sierra
El desalojo ocurre en un contexto de alta inseguridad en el área conocida como el Triángulo Dorado, donde recientemente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó el aseguramiento de 43 artefactos explosivos en el municipio de Badiraguato, limítrofe con Durango y Chihuahua.
Los desplazados señalan que abandonaron sus comunidades tras recibir advertencias de grupos criminales, quienes les informaron que no podían garantizar su seguridad debido a los enfrentamientos armados y al uso de drones con explosivos.
Investigación contra las propias víctimas
La Fiscalía estatal justificó el desalojo al señalar que el predio ocupado pertenece a un particular que presentó una denuncia el 14 de noviembre, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de despojo agravado, al considerar que el terreno fue ocupado por más de dos personas.
Con ello, además de haber sido expulsadas de sus comunidades de origen, las familias ahora enfrentan una investigación penal, pese a su condición de desplazamiento forzado.
Un agente identificado como Juan Diego Báez explicó a medios de comunicación que el operativo se realizó bajo un mandamiento ministerial, sin que hasta el momento se reporten detenciones entre las personas desalojadas.
Sin alternativa ni postura oficial
Hasta ahora, ni el gobierno estatal ni el municipal han emitido una postura pública sobre el desalojo. Tampoco se ha definido un nuevo espacio donde las familias puedan establecerse de manera provisional.
Según relataron los afectados, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) les sugirió regresar a sus comunidades de origen, opción que descartan por completo debido a las condiciones de inseguridad que persisten en la sierra.
Las personas desplazadas permanecen en incertidumbre, sin un lugar seguro al cual trasladarse y sin garantías de protección, en medio de una crisis humanitaria que continúa agravándose en el estado.
