Para enfrentar el creciente problema de la extorsión, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó una iniciativa para crear una ley estatal específica para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, separándolo del Código Penal local y dotándolo de un marco legal más severo y actualizado.
Durante la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Sinaloa, se acordó dar avance a cuatro iniciativas legislativas centradas en la extorsión, entre ellas la propuesta del Ejecutivo estatal, que plantea la expedición de la “Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar el Delito de Extorsión” del estado.
El gobernador Rocha Moya argumenta que el actual Código Penal de Sinaloa está desfasado frente a la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada a nivel federal en noviembre de 2025, que contempla sanciones y mecanismos modernos para enfrentar esta conducta delictiva.
Bajo la ley vigente en Sinaloa, la extorsión se castiga con penas de 4 a 12 años de prisión, mientras que el marco federal establece sanciones más estrictas —en algunos casos de 15 a 25 años de cárcel o más, según agravantes—, y considera modalidades contemporáneas como la extorsión a través de llamadas, mensajes, redes sociales y amenazas de difusión de información privada.
La iniciativa estatal propone derogar el artículo 231 del Código Penal de Sinaloa para dejar fuera la definición de extorsión del ordenamiento vigente y abordarla en un ordenamiento independiente.
De aprobarse, la norma permitirá que la extorsión se investigue de oficio, sin necesidad de denuncia formal, e incorpore elementos como derechos humanos, perspectiva de género y protección de la niñez en su aplicación.
Además, se contempla la coordinación obligatoria entre la Fiscalía, las corporaciones policiales estatales, la Federación y otras instancias, así como la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de la Fiscalía estatal con apoyo tecnológico y de inteligencia.
En materia penitenciaria, la propuesta endurece las medidas para inhibir la comisión del delito desde los centros de reclusión, como la inhibición de señal celular, la prohibición absoluta de teléfonos móviles para personas sentenciadas por extorsión y sanciones administrativas para directivos de penales que no cumplan las disposiciones. También se contempla la prisión preventiva oficiosa en casos con agravantes y la obligación del Estado de implementar campañas de prevención y atención inmediata a las víctimas para evitar la consumación del delito.
La iniciativa, integrada por 24 artículos básicos y tres artículos transitorios, establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tendrá 90 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para implementar las nuevas disposiciones.
Además de la propuesta del Ejecutivo, la bancada del Partido Sinaloense (PAS) presentó una iniciativa distinta que plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Extorsión, similar a otras fiscalías especializadas como la Anticorrupción o la de Delitos Electorales. A diferencia de la iniciativa principal, esta no modifica el Código Penal ni incrementa penas, sino que apuesta por fortalecer la capacidad operativa e institucional del Estado en la prevención y atención de la extorsión.
