Las recientes acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya comienzan a generar efectos en el terreno financiero, luego de que la calificadora S&P Global Ratings colocara la calificación crediticia del estado en revisión especial negativa.
La agencia internacional informó que la evaluación de Sinaloa, actualmente en nivel “mxA”, fue colocada bajo observación ante la incertidumbre que podrían generar las acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado que fueron reveladas por autoridades estadounidenses en días recientes.
Según el análisis de la firma, el contexto político y judicial podría traducirse en mayores dificultades para que la entidad mantenga estabilidad financiera, especialmente en materia de acceso a créditos, liquidez y manejo presupuestal.
S&P detalló que todavía es temprano para medir el impacto real de esta situación, aunque advirtió que seguirá monitoreando cómo evolucionan los acontecimientos para definir si ajusta la calificación o mantiene la evaluación actual.
La agencia recordó además que Sinaloa ya arrastraba presiones financieras previas relacionadas con deuda de corto plazo y desafíos fiscales.
El caso se da en medio de la controversia generada por la acusación presentada por fiscales de Estados Unidos, donde se señala a Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses de supuestamente facilitar operaciones del narcotráfico y brindar protección a integrantes del Cártel de Sinaloa, cargos que han sido rechazados por el mandatario estatal.
Por su parte, Rocha Moya negó las imputaciones y aseguró que no solicitará licencia al cargo, insistiendo en que los señalamientos carecen de sustento.
El movimiento de S&P ocurre en un momento clave para las finanzas estatales, ya que cualquier ajuste negativo en la calificación podría encarecer el acceso al financiamiento y afectar proyectos de inversión pública, además de incrementar la percepción de riesgo para inversionistas y acreedores.
El caso sigue generando repercusiones tanto en el ámbito político como económico, mientras autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen abierta la discusión sobre la validez de las pruebas y el alcance legal de las acusaciones.
