La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre la persistencia de prácticas coercitivas y abusos en centros de tratamiento contra las adicciones en México, entre ellas internamientos forzosos y tratos que contravienen la legislación nacional en una alerta emitida al concluir la tercera visita al país del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT).
De acuerdo con el SPT, aunque México ha registrado avances en materia de prevención y combate de la tortura, aún existen diferencias entre el marco jurídico vigente y su aplicación cotidiana. El organismo señaló que estas brechas se reflejan en “fallas institucionales para prevenir abusos, investigar de manera oportuna las denuncias y sancionar a los responsables”.
La jefa de la delegación del Subcomité, Carmen Comas-Mata, manifestó preocupación por la operación de establecimientos de rehabilitación bajo gestión privada, los cuales, indicó, con frecuencia funcionan fuera de esquemas normativos claros.
Esta situación, señaló, “genera condiciones que incrementan el riesgo de violaciones a los derechos de las personas internadas”.
Durante la visita, la delegación internacional recorrió prisiones varoniles y femeniles, estaciones de policía, hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación de drogas. Además, realizó entrevistas confidenciales con personas privadas de la libertad y personal de distintas instituciones, así como reuniones con autoridades gubernamentales y otros actores involucrados.
El Subcomité reconoció medidas adoptadas por el Estado mexicano desde su última visita en 2016, como la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en 2017 y las reformas a la Ley General de Salud en 2023, no obstante, subrayó que los problemas persisten en la práctica, en especial en lo relacionado con investigaciones rápidas y eficaces y el combate a la impunidad.
El SPT entregará un informe confidencial al gobierno de México con recomendaciones específicas.
El organismo internacional exhortó a las autoridades a hacer público el documento, con el objetivo de fortalecer la transparencia y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
