El Congreso de Sinaloa aprobó en sesión a la reforma para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta decisión, que modifica y adiciona 12 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marca un cambio significativo en la estructura de seguridad pública del País.
La reforma define a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial”, que ahora dependerá directamente de la Sedena.
En desacuerdo se pronunció el diputado Luis de la Rocha, del PRI, pues considera que durante el gobierno federal actual el crimen organizado ha tomado el control absoluto.
“Siempre lo he dicho, no le puedes entregar el poder absoluto a las fuerzas armadas de un País, no están preparados ni educados. La separación que se hace es dejar sin pies a los policías estatales y municipales, como lo han hecho”, criticó.
La finalidad de la estrategia del gobierno federal, es otorgar a la Guardia Nacional un papel crucial en la investigación de delitos, en colaboración con el Ministerio Público y las policías locales.
Como darle facultad al Congreso de la Unión para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública.
El comandante de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de General de División y será designado por el Presidente de la República, a propuesta del titular de la Sedena.
La reforma también contempla cambios significativos en la estructura operativa y administrativa de la Guardia Nacional.
El personal proveniente de la extinta Policía Federal cesará sus funciones en la Guardia Nacional y será reubicado en la Secretaría de Seguridad Pública, manteniendo sus derechos laborales.
Asimismo, se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios, financieros y materiales necesarios para la operación de la Guardia Nacional.
Es importante destacar que la reforma establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico relacionado con estos cambios.
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