El expresidente de Bolivia Evo Morales, en medio de un duro enfrentamiento político con el actual gobierno de Luis Arce, enfrenta una nueva controversia legal. Morales está siendo investigado por la supuesta violación de una menor hace ocho años, cuando aún ejercía la presidencia de Bolivia. De acuerdo con la información revelada el jueves 3 de octubre de 2024 por el ministro de Justicia, César Siles, este presunto delito habría dado lugar al nacimiento de una hija.
Acusaciones graves de violación y paternidad
Durante una conferencia de prensa, César Siles expresó: «Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en la impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años». Según el funcionario, el resultado de esta violación fue el nacimiento de una hija, cuyo certificado de nacimiento señala a Evo Morales Ayma como el padre. «Existe un proceso abierto que está en curso de investigación», añadió el ministro, sin proporcionar más detalles sobre el avance del caso.
El origen de estas acusaciones se remonta a 2016, cuando Morales, aún presidente, presuntamente mantuvo una relación con una menor de 15 años, quien posteriormente dio a luz a una hija. Este caso salió a la luz luego de que la fiscal Sandra Gutiérrez denunciara públicamente que fue destituida por pedir la detención de Morales en el marco de una investigación por «trata de personas», lo que intensificó la controversia política.
La respuesta de Evo Morales: «No tengo miedo»
Decisión judicial y despido de la fiscal
El mismo día de la revelación de las acusaciones, una jueza en Santa Cruz acogió un recurso presentado por los abogados de Morales, anulando la orden de aprehensión en su contra. Esto ocurrió después de que la fiscal Gutiérrez solicitara la detención del expresidente como parte de la investigación. Tras la anulación de la orden de captura, Gutiérrez denunció que fue despedida por instrucciones directas del fiscal general, Juan Lanchipa.
La destitución de Gutiérrez ha añadido un componente aún más polémico al caso, generando críticas sobre la independencia del sistema judicial boliviano. Mientras tanto, los seguidores de Morales y sus detractores siguen polarizados en torno a las investigaciones y los pasos que las autoridades tomarán en el futuro.
El trasfondo político: Morales vs. Arce
Evo Morales, quien gobernó Bolivia desde 2006 hasta su renuncia en 2019, ha mantenido una influencia significativa en la política del país, incluso tras su salida del poder. Fue clave en la elección de su sucesor, Luis Arce, quien había sido su ministro de Economía durante más de una década. No obstante, la relación entre ambos líderes se ha deteriorado gravemente, y hoy se encuentran en una disputa abierta por el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial para las elecciones de 2025.
Este contexto político no puede ser ignorado en el análisis de las acusaciones contra Morales. Los enfrentamientos entre el expresidente y el actual gobierno de Arce han escalado en los últimos meses, con ambos bandos buscando consolidar su poder dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que ambos ayudaron a construir. Este conflicto ha generado especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de la reapertura de la investigación contra Morales.
El futuro de la investigación
A pesar de la anulación de la orden de aprehensión, las acusaciones contra Evo Morales no han desaparecido. Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha emitido una declaración definitiva sobre el futuro de las investigaciones. Sin embargo, el hecho de que la fiscal Gutiérrez fuera destituida tras solicitar la detención de Morales ha generado dudas sobre la imparcialidad de las instituciones bolivianas en este caso.
La sociedad boliviana se mantiene atenta al desarrollo de este escándalo, que no solo afecta la imagen de Morales, sino que también podría tener profundas repercusiones en la política nacional, especialmente de cara a las elecciones generales de 2025.
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