El Centro Penitenciario de Aguaruto se ha convertido en un foco de corrupción, anarquía y violencia que refleja las fallas estructurales del sistema carcelario en Sinaloa. A pesar de múltiples operativos y diagnósticos realizados desde 2017 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el penal continúa siendo escenario de fugas, riñas mortales y decomisos de armas, drogas y celulares.
Durante octubre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha realizado nueve revisiones dentro del penal, con el aseguramiento de más de 100 teléfonos, armas largas y cortas, explosivos, drogas y dinero en efectivo. En paralelo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) reporta 17 quejas por presuntos actos de tortura contra los internos, incluyendo casos de inmersión en agua y descargas eléctricas.
Violencia y corrupción
El 17 de octubre una riña entre internos dejó un muerto y tres heridos, reavivando las denuncias sobre el control que mantienen grupos criminales al interior del penal. Apenas unos días antes, se habían registrado enfrentamientos que requirieron la intervención del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
En las inspecciones recientes se han localizado armas automáticas, granadas, drogas, equipos de comunicación e incluso un sistema de internet satelital Starlink, lo que evidencia el nivel de operación del crimen organizado dentro del centro.
Un problema que viene de años
La Sedena ya había advertido en 2017 sobre el deterioro del penal, luego de la fuga de cinco reos de alto perfil del Cártel de Sinaloa, entre ellos Juan José Esparragoza Monzón, “El Azulito”, y Rafael Guadalupe “El Changuito Ántrax”.
El informe militar reveló entonces que los detectores de metales no funcionaban, los custodios eran insuficientes y había tráfico constante de drogas y celulares, además de visitas conyugales fuera de horario y falta de protocolos de revisión.
Pese a que se construyó un módulo de alta seguridad en 2018 y se planteó trasladar a reos peligrosos a penales federales, las medidas fueron frenadas por amparos y falta de seguimiento. Las fugas continuaron, siendo la más grave la ocurrida durante el Culiacanazo de 2019, cuando 49 internos escaparon, varios aún prófugos o posteriormente ejecutados.
Sin responsables ni investigaciones
Ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República han abierto investigaciones profundas sobre el ingreso de armas o drogas, ni sobre los homicidios ocurridos durante las riñas. Hasta el momento, no hay personal custodio o directivo detenido por las irregularidades detectadas.
Entre cateos, denuncias y muertes, el penal de Aguaruto sigue siendo, ocho años después, el reflejo más evidente de la crisis penitenciaria en Sinaloa.
You must be logged in to post a comment Login