La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su respaldo a que personal de hospitales y clínicas médicas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, puedan atender a personas detenidas en prisión o, en todo caso, que cuenten con antecedentes criminales.
Este apoyo de la titular del Ejecutivo Federal vino después de mencionar que enfermeras y médicos de Culiacán cuentan “con todo el apoyo y vigilancia” de las autoridades federales y estatales tras recibir el reporte de presuntas denuncias por brindar este tipo de atención en el centro de la entidad:
“Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho, si enfermamos o si estamos heridos, a la atención médica… independientemente de quien sea. Eso es un derecho universal y es un derecho consagrado en la Constitución. Por supuesto, que si hay una situación de una persona de un grupo delictivo, pues tiene que haber seguridad para las médicas y los médicos que la atienden”, explicó.
Aunado a ello, la mandataria mexicana insistió que existe personal de la Guardia Nacional (GN) y de diversos centros penitenciarios que pueden intervenir en este tipo de actos como parte del “blindaje” al personal médico que atienden a este tipo de personas.
La Secretaría de Salud de Sinaloa anunció un reforzamiento de seguridad en hospitales y clínicas de Culiacán, luego de una serie de ataques armados que dejaron varios muertos y heridos entre pacientes, personal médico y familiares.
El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, informó que se implementará una nueva estrategia en la atención de heridos, el control de accesos y la notificación inmediata de incidentes en unidades médicas:
“Acordamos una nueva dinámica en las puertas de seguridad y en la evaluación de pacientes, para evitar sucesos como los ocurridos anteriormente”, declaró.
La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, respaldó la decisión y señaló que las autoridades trabajan en conjunto para fortalecer las medidas de protección en centros médicos.
Los hechos que detonaron esta respuesta comenzaron la noche del 29 de agosto de 2025 cuando un grupo armado atacó el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán. El saldo fue de tres personas muertas y al menos cuatro lesionadas; una víctima adicional falleció el 31 de agosto. Testigos relataron que los agresores dispararon desde un vehículo contra quienes esperaban noticias de sus familiares.
La violencia continuó el 30 de agosto con dos nuevos ataques. El primero ocurrió en una clínica privada de la colonia Centro, donde un joven fue ejecutado mientras recibía atención médica. Minutos después, hombres disfrazados de médicos ingresaron al Hospital General de Culiacán y asesinaron a un paciente de 21 años en el tercer piso, pese a la presencia de seguridad.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), advirtió que los hechos podrían repetirse si no se adoptan medidas preventivas. “Hay que comenzar a trabajar en ese sentido. No esperemos a que digamos: ‘ya se pasó’”, expresó.
Miguel Calderón, coordinador general del CESP, propuso un “Plan Marshall de Culiacán” que combine seguridad, cultura, convivencia social y uso estratégico del presupuesto público con enfoque de poscrisis.
