La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal vinculara a proceso a siete personas detenidas en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en delitos relacionados con la producción de metanfetamina, fentanilo y portación de armas de fuego.
Los imputados, identificados como Floricel “N”, Efraín “N”, Rigoberto “N”, Alonso “N”, Marco “N”, Daniel “N” y Jonathan “N”, fueron detenidos durante un operativo en la comunidad de Tranquitas, en el municipio de Culiacán, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Aseguramiento de drogas, armas y equipo
Durante la intervención, las autoridades aseguraron una cantidad significativa de drogas sintéticas y equipo relacionado con su producción. Entre lo decomisado se encuentran:
- 851 kilos con tres gramos de clorhidrato de metanfetamina
- 25 kilos con 703 gramos de fentanilo
- 400 litros de acetona y otros insumos químicos
- Armamento, como fusiles, cargadores y cartuchos
- Básculas, una centrifugadora y un vehículo relacionados con la operación del grupo.
El juez de control determinó vincular a los siete hombres a proceso tras evaluar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Además, se impuso la prisión preventiva oficiosa para todos ellos.
Los imputados permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 8, ubicado en Guasave, Sinaloa, mientras avanza la investigación complementaria, para la cual el juez estableció un plazo de cuatro meses.
La FGR señaló que las acusaciones en su contra incluyen violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como delitos contra la salud en su modalidad de producción de drogas sintéticas, con la agravante de pertenecer a una pandilla.
Como ocurre en toda etapa procesal, las personas imputadas mantienen el derecho a la presunción de inocencia, por lo que su situación jurídica no se considerará definitiva hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
